El Deep State contra Netanyahu
La prensa israelí lleva días especulando sobre la posibilidad de que Netanyahu acepte parte de las acusaciones que se le imputan a cambio de evitar la cárcel. Condición sine qua non para que haya acuerdo es que Netanyahu reconozca que actuó de mala fe, una cláusula que supondría su descalificación de la vida política. Excediéndose claramente de sus funciones, el attorney general de Israel -que, si no estoy equivocado, se corresponde con la figura del fiscal general- ha acusado a Netanyahu de subvertir la democracia. Según una información reciente de Haaretz, que ha actuado de brazo mediático de la fiscalía, Netanyahu es, independientemente de lo que digan los tribunales, un corrupto y un peligro para la democracia. Avihai Mandelblit, que así se llama el attorney general, dice estar convencido de que Netanyahu dará con sus huesos en la cárcel si se llega al final del juicio. Pero teme que antes de que llegue la condena caiga el actual gobierno frankenstein anti-Netanyahu. Y que Netanyahu vuelva al poder para seguir subvirtiendo la democracia. De ahí la necesidad de llegar a un acuerdo con el acusado en el que éste se autoexcluya de la arena política de por vida. La actitud de Mandelblit es tan indicativa de la naturaleza política del proceso como la vaguedad de los cargos de soborno, abuso de confianza y tráfico de influencia con los que han sentado en el banquillo a Netanyahu. En uno de los casos se le de recibir regalos muy caros de multimillonarios amigos. Los otros dos son por “negociar para mejorar la circulación de un diario Israelí a cambio de cobertura positiva” y por “promover legislación que favoreciera en lo financiero al dueño de un gigante israelí de las telecomunicaciones a cambio de una cobertura positiva en su sitio web de noticias” (citado de la BBC).
En una edición reciente del show de Caroline Glick, la propia Glick y su copresentador Gadi Taub, volvieron a explicar que el enjuiciamiento de Netanyahu ha de encuadrarse en los procesos que se han vivido también en otros países para derrocar a líderes incómodos para el establishment que contaban con el favor del público. El caso más paradigmático es el de Donald Trump en Estados Unidos, como explicó el invitado del show de Glick, Lee Smith, que ha publicado dos libros sobre el Russiagate y otras maniobras de altos funcionarios en Washington contra el presidente Trump. (En España tenemos el ejemplo de las malas prácticas mediáticas y judiciales en que la oposición justificó la moción de censura contra Rajoy.) Ante la evidencia de que los cargos no se se sostienen, y para evitar un que la farsa que fue la imputación quede revelada ante el público, vinieron a decir Glick y Taub, el fiscal Mendelblit quiere salvar los muebles antes de que su mandato termine el 1 de febrero cumpliendo el objetivo con el que se puso en marcha el proceso contra Netanyahu: derrocarle del poder y sacarle de la vida política. El golpe judicial contra Netanyahu es parte, en su opinión, de un fenómeno más amplio: el creciente intervencionismo político de una judicatura que en los últimos años se ha convertido en tutora de la vida política israelí para corregir lo que considera excesos nacionalistas y de derecha del legislativo y el ejecutivo, los dos poderes elegidos por un pueblo al que estos altos funcionarios desprecian.
Sobre este fenómeno también ha advertido repetidamente Dan Schueftan, que ha escrito sobre ello en su último artículo: “Ninguno de los implicados -la Oficinal del Attorney General, el expresidente del Tribunal Supremo Aharon Barak y, por supuesto, Netanyahu- tienen el menor interés real en la severidad de los delitos que se le imputan al acusado o en el castigo apropiado. Todos están centrados en la batalla política: en cómo proteger o enterrar cualquier oportunidad de que Netanyahu vuelva al poder”. Además del caso Netanyahu, Schueftan ofrece otros varios ejemplos de la dictadura judicial sobre la vida pública israelí. “El primero se refiere a los largos años en que han abierto investigaciones penales contra los políticos que criticaban el sistema legal”. Otro ejemplo alude a la sentencia con la que el Tribunal Supremo anuló las políticas del gobierno para controlar la inmigración ilegal. “La democracia israelí necesita un sistema judicial fuerte e independiente que asuma sus propios límites. Israel tiene, por lo general, jueces honrados que defienden los derechos humanos en asuntos como la coerción religiosa. Pero demasiado a menudo estos jueces utilizan su poder de manera impropia para imponer sus ideas y valores a la ciudadanía. El sistema de justicia se ve debilitado por la incapacidad de la judicatura de contenerse a la hora de entrar en espacios que corresponden al sistema político, a la derecha y a la izquierda”.